Entrevista en ABC Empresas el 29 de Enero de 2017

  • Por valsecaperjuddoc
  • 31 ene, 2017
Para finalizar el mes de Enero de este nuevo año de 2017 os dejo la entrevista que me hicieron el pasado día 29 de este mismo mes en Abc Empresas, hablando de mi trabajo   The post Entrevista en ABC Empresas el 29 de Enero de 2017 appeared first on Valseca Perito Judicial Documentalista.
Para finalizar el mes de Enero de este nuevo año de 2017 os dejo la entrevista que me hicieron el pasado día 29 de este mismo mes en Abc Empresas, hablando de mi trabajo
 

Valseca Perito Judicial Documentalista

Por María Jesús Valseca Gómez 13 dic, 2017

El 25 de mayo de 2018 el tablero de juego en protección de datos cambia radicalmente. A partir de ese momento entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo, quedando derogada la anterior directiva de 1995 e imponiéndose un nuevo marco normativo que otorga un mayor grado de control a los ciudadanos sobre su información privada.

Esta norma supone un giro de 180 grados e introduce cambios que inciden tanto en el alcance del derecho como en la lógica del sistema de supervisión e, incluso, aporta importantes novedades que pueden tener un notable impacto en las propias instituciones andaluzas (así, por ejemplo, la creación de la figura del delegado de protección de datos en los entes públicos y en muchas empresas privadas).

¿En qué situación afronta Andalucía esta nueva regulación? El Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el 20 de marzo de 2007, reconoció explícitamente el "derecho de todas las personas al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las administraciones públicas andaluzas". Y, en consonancia con la consagración de este derecho, el texto estatutario atribuyó expresamente a la Comunidad Autónoma la titularidad de la competencia en la materia. Posteriormente, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía asigna dicha competencia al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Si bien, la vigencia de la Ley en este ámbito se ha pospuesto y el ejercicio efectivo de esta competencia se ha diferido sin fijarse plazo alguno. Por tanto, hasta que se aprueben y ejecuten las disposiciones pertinentes, la competencia continuará siendo ejercida por la Agencia Española de Protección de Datos, y ello de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Decreto 434/2015.

Expectativas

Esta atípica circunstancia ha generado y genera problemas de muy diversa índole. De inicio, ha causado una notable erosión de la imagen institucional del Consejo. Pero más allá de no llevar a efecto una función encomendada al Consejo por el legislador, se han defraudado las expectativas de la ciudadanía andaluza, que en multitud de ocasiones ha acudido a la ente de control en tutela de su derecho a la protección de datos personales y han sido, lamentablemente, derivados a Madrid, a la Agencia Española. Los ciudadanos que demandan la protección y el amparo del Consejo no entienden cómo una institución que se presenta ante la opinión pública como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía sencillamente no responda a tal nombre.

De la misma forma, la proyección del Consejo a nivel internacional se ha quedado mermada, pues el Consejo está llamado a ser la única autoridad de control española que sigue el más influyente modelo de aunar en un solo órgano el control de la transparencia y de la protección de datos. A este respecto, han llamado a la puerta sendos comisionados de varios puntos del mundo y desde el Consejo se ha respondido, de forma penosa, que hasta la fecha sólo opera en materia de transparencia.

Pero existen más desventajas ante la falta de asunción de esta competencia. El Consejo andaluz no ha podido formar parte del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, entre cuyos integrantes se cuenta "un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una agencia de protección de datos en su ámbito territorial", ausencia especialmente sensible en este momento, toda vez que el nuevo reglamento entrará en vigor en unos meses.

Otro obstáculo en la gestión diaria del Consejo es el referente a la resolución de consultas relativas al alcance de las obligaciones de publicidad activa desde la óptica del derecho a la protección de datos, función que la Ley de Transparencia andaluza atribuye expresamente a la Dirección del órgano de control. Por tanto, en la práctica, hasta que el Consejo andaluz no asuma materialmente la competencia en materia de protección de datos, a la Agencia Española de Protección de Datos corresponde exclusivamente interpretar los preceptos de la norma andaluza en estos supuestos.

El Reglamento Europeo se vislumbra en un horizonte cada vez más cercano, de modo que Andalucía contabiliza su cuenta atrás en la gestión de la competencia de protección de datos en beneficio de sus ciudadanos, que reclaman que sus asuntos sean tratados en su territorio.

El 25 de mayo de 2018 está ya a la vuelta de la esquina y es preciso iniciar una serie de actuaciones preparatorias para que pueda asumirse la competencia con garantías, por lo que el Gobierno andaluz debe aprobar sin más dilaciones la disposición que permite al Consejo de Transparencia ejercer estas funciones.

De esta manera se dará cumplimiento a un mandato del Estatuto de Autonomía y permitirá que asuntos derivados de la gestión pública de datos personales pueda resolverse por una autoridad independiente andaluza, sin necesidad de acudir a la Administración del Estado.

Fuente:  El Diario

Por María Jesús Valseca Gómez 10 nov, 2017
Con fecha de 9 noviembre se ​publicó la Nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público


CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

Modifica :

1. El número 8.º del artículo 7, el número 3.º del apartado dos del artículo 78 y el apartado cinco del artículo 93 de la  Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. La disposición adicional primera de la Ley 58/2003, General Tributaria.

3. Los artículos 2, 3.2, 7.1 y 7.6 de la Ley 37/2007, Sobre Reutilización de la Información del Sector Público.

4. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 82 y el último párrafo del apartado 2 del artículo 84 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Añade  un apartado 6 al artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004 y un apartado 4 al artículo 43 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013.

Suprime  el número 4.º del apartado tres del artículo 78 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Deroga  el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011.

Incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 2014/24/UE, sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; así como la Directiva 2014/23/UE, Relativa a la Adjudicación de Contratos de Concesión, sin perjuicio de lo incorporado respecto a esta última Directiva a través de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

BOE 272/2017, publicado el 9 de noviembre.


Fuente: Uría Menéndez
Por María Jesús Valseca Gómez 03 nov, 2017

La guarda y custodia se integra dentro del conjunto de derechos de la patria potestad. Como consecuencia de la ruptura de la relación de pareja y cese de la convivencia, se hace necesario el establecimiento de medidas futuras sobre la guarda y custodia de los hijos comunes; la interrupción de la convivencia entre progenitores no les exime de las obligaciones con los hijos incluidas en el art. 154 del CC . Los progenitores, de forma consensuada, o el Juez, en supuestos contenciosos, fijarán el reparto de la convivencia de los hijos con sus padres. En estos supuestos de ruptura la normalidad será que la patria potestad sea compartida, salvo que uno de los progenitores incumpla en sus deberes de ejercicio de la patria potestad y una sentencia así lo determine.

 Ahora bien, en relación a la guarda y custodia de los hijos, ésta debe ser atribuida a uno de los padres y concediendo un régimen de visitas a favor del progenitor no custodio o bien puede ser ejercitada de forma conjunta por ambos, lo que denominamos guarda y custodia compartida. Esta nueva figura de la Guarda y Custodia Compartida, se introduce en nuestro Código la Ley 15/05 de 8 de Julio.

En los procesos de divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges deberán aportar el correspondiente convenio regulador que, entre otros aspectos, deberá regular la guarda y custodia de los menores y el régimen de visitas. Es evidente, que si los padres acuerdan voluntariamente la guarda y custodia compartida, el Juez aprobará el convenio siempre que considere que el interés del menor está perfectamente protegido con el ejercicio de dicha guarda compartida siempre con el visto bueno emitido mediante informe favorable del Ministerio Fiscal.

Dicho lo anterior, la principal problemática aparece cuando no existe acuerdo entre los progenitores en relación al régimen de guarda y custodia de sus hijos. En este sentido, el Art. 92 del CC estable que el Juez, una vez practicada toda la prueba y habiendo escuchado a los menores y recabado el correspondiente informe del Ministerio Fiscal, deberá establecer el régimen de guarda y custodia más favorable para el menor. Asimismo, el Art. 92.8 CC establece que excepcionalmente el Juez podrá establece la guarda y custodia compartida, a pesar de que sólo uno de ellos la solicite, siempre que se considere acreditado que el ejercicio de la guarda compartida protege adecuadamente el interés superior del menor.

 El juez tiene el deber de indagar sobre la idoneidad de cada uno de los padres para determinar la guarda y custodia, debiendo ponderar todas las circunstancias para acordar la modalidad de custodia más adecuada para los hijos.

 En la determinación de la guarda y custodia de los menores de edad y en cualquier otra decisión que deba adoptarse sobre hijos menores en el ámbito judicial la protección de estos es el principio fundamental que debe presidir la decisión judicial.

Para este fin se podrá contar con el informe del Equipo Técnico Judicial o de Especialistas y en la práctica se ha demostrado que resulta determinante.

 El art. 91 del CC confiere al Juez una amplia facultad para decidir sobre cuál debe ser la solución adecuada a la vista de las pruebas que obran en su poder con especial referencia al informe de los equipos técnicos y especialistas debidamente cualificados relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia según previene el art. 92.9 del CC .

A partir de ahí y no siendo los informes vinculantes para la decisión del juez, a este le basta con expresar las razones de su decisión por imposición del art. 120.3 CE y 218.2 LEC . Aunque sí que es cierto que aunque el juez no esté vinculado por los informes de los especialistas, estos sí que tienen una importancia decisiva.

 Las resoluciones de las Audiencias Provinciales son unánimes en cuanto a la necesidad de que se realice la prueba pericial psicosocial del entorno familiar. Afirman que en toda causa familiar en la que existan hijos se debe acompañar el informe pericial.

A este respecto dispone el artículo 92.5 en su nueva redacción dada por aquella ley, que se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes, para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.

Prevé el Código para estos supuestos la audiencia a los menores que tuvieren suficiente juicio, tanto de oficio como a instancias del Fiscal o “miembros del Equipo Técnico Judicial”, primera alusión legal que se hace al papel del Equipo Psicosocial.

En defecto de acuerdo o a falta de aprobación del mismo es cuando el Juez habrá de resolver sobre las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio en lo que respecta a los hijos menores, principal, casi única cuestión que va a ser objeto de informe por el Equipo Psicosocial, que desenvuelve su actividad sobre todo en aquellos procesos en los que ambos progenitores se disputan la guarda y custodia de los menores o el régimen de visitas y comunicación de los mismos con el progenitor no custodio.

De especial trascendencia será dicho informe en el supuesto, excepcionalmente previsto por el artículo 92.8, de que el Juez acuerde la guarda y custodia compartida aun no existiendo acuerdo entre los progenitores, pues, en este caso, habrá de fundamentarla en que “sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor” . No resulta ocioso comentar la dificultad que los equipos van a encontrar para justificar ésa como la única fórmula de protección adecuada.

Al hilo de todo esto, resulta interesante ver la línea que está adoptando la jurisprudencia en la actualidad en materia de custodia compartida.

Debemos hacer especial mención a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de Abril de 2013 que textualmente indica que:

“Señalando que la redacción del Artículo 92 CC no permite concluir que se trate de una medida excepcional (la guarda y custodia compartida), sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”.

 Por lo tanto, la citada Sentencia establece como doctrina jurisprudencial que la guarda y custodia compartida ya no debe ser excepcional, sino que debe considerarse como la opción más normal y deseable, siempre que el interés del menor quede perfectamente protegido. Esta Sentencia implica un cambio notable en la doctrina jurisprudencial, ya que con anterioridad, la atribución de la guarda y custodia compartida era prácticamente inviable.

Vamos a mencionar ahora la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de Octubre de 2015 que señala que el sistema de custodia compartida no exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como habilidades para el diálogo. Esto decir, la compartida conlleva como premisa necesaria que la relación y actitud de los progenitores sea correcta en aras a beneficiar el correcto desarrollo del menor.

De similar fecha es la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Octubre de 2015 en la que el Alto Tribunal estima el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Jaén en recurso de apelación nº 302/2014 que atribuía un régimen de guarda y custodia a favor de la madre si bien otorgaba un amplio régimen de visitas a favor del padre. La representación procesal del padre apeló al Supremo, alegando que se había producido una infracción del Art. 92.8 CC en relación a la concesión de la custodia compartida de los cónyuges que en este caso no había sido concedida. La propia Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, reconocía que ambos progenitores estaban capacitados para atender las necesidades de su hijo; el menor tenía una gran relación afectiva con padre y madre; el padre había participado activamente en la crianza del menor; y el régimen de visitas fijado a favor del padre prácticamente era prácticamente un sistema de guarda compartida, con excepción de la pernocta en los días laborales. A pesar de todo lo anterior, la Audiencia consideró más acertado atribuir la guarda y custodia a la madre.

Por la representación procesal del padre se presentó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial. En su recurso se invocaba la referida Sentencia del Supremo de fecha 29 de Abril de 2013 que establece que la guarda compartida en ningún supuesto debe ser considerada como excepcional, sino que debe ser lo normal y deseable. La Sentencia del Supremo, tras analizar la prueba practicada, estima el recurso en el sentido de apreciar que se ha producido una infracción del Art. 92 CC y de la Jurisprudencia que lo desarrolla, dado que en el caso de autos queda acreditado que con el sistema de guarda compartida se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia; se evita el sentimiento de pérdida; no se cuestiona la idoneidad de los progenitores y se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor que se ha venido desarrollando con eficiencia.

Dicho todo lo anterior, y habiendo analizado brevemente la evolución jurisprudencial en relación a la guarda y custodia compartida, podemos concluir que paulatinamente el régimen de guarda y custodia se va imponiendo en nuestros tribunales, siempre que quede perfectamente acreditado que el interés del menor queda debidamente protegido, esta protección queda demostrada entre otros por el Informe del Equipo Psicosocial.

 El giro sustancial del Tribunal Supremo en relación a la interpretación de que la guarda compartida debe ser considerada como “normal”, y en ningún caso excepcional, abre la puerta a estudiar la viabilidad de interponer la correspondiente demanda de modificación de medidas de aquellas sentencias dictadas con anterioridad, siempre que se pueda acreditar que la modificación de la guarda y el establecimiento de una compartida beneficie al menor y a la relación con ambos progenitores.

 A modo de conclusión indicamos que la introducción de la custodia compartida suele ser una herramienta de éxito para aquellos matrimonios que tras la separación, quieren que sus hijos (menores) se vean lo menos afectados posibles por las desavenencias conyugales que puedan existir entre ambos. Conviene saber que en la regulación anterior al 2005 no se hacía referencia a la misma, aunque tampoco la prohibía. En la actualidad el régimen legal dota de instrumentos a las partes para poderla solicitar y al juez para poderla instaurar.


Fuente:   Grafium

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